La polémica con los patinetes eléctricos continua. la solución vial parecer estar incomodando más de la cuenta en las calles de España.
La primera causa de conflicto parte del hecho de que los patinetes eléctricos no tienen un espacio fijo dentro de las calles para circular, por tal motivo comparten espacios con coches en la vía y peatones en las aceras.
En vista de la necesidad de hacer algo, Tomas Quintana, Procurador del Común, ha iniciado una serie de acciones con la finalidad de conocer las regulaciones municipales para la circulación de patinetes eléctricos.
Controversia jurídica entre Ayuntamientos
Resulta que los patinetes eléctricos no cuentan propiamente con una normativa que rija su funcionamiento. En 2016, cuando se popularizaron, se emitió una normativa general transitoria que fue incluida en la Ley de Tránsito, además, la Dirección General de Tránsito (DGT) emitió una instrucción no vinculante, donde están una serie de recomendaciones acerca de los patinetes eléctricos.
A criterio del Procurador Quintana, las normativas generales existentes son insuficientes, por tal motivo recomienda que cada Ayuntamiento reclame sus competencias y elabore bases más profundas acerca del tema.
Sabiendo que está prevista la emisión de una Regulación General, el Procurador del Común considera que los ayuntamientos leoneses, cuya población supera los 5.000 habitantes, son propensos también a presentar problemas con los patinetes, pero que estos pueden actuar bajo la normativa existente.
Debido a que no todos los Ayuntamientos de Castilla y León han implementado regulaciones, la situación jurídica de los patinetes eléctricos es diversa. Esto ha motivado a que el Procurador Quintana comience una actuación de oficio para obtener información de los Ayuntamientos que han impuesto regulaciones, y en el caso de los que no, formularles recomendaciones y previsiones más allá de la normativa indicada en la Ley de Tránsito.
El objetivo del Procurador es que el comportamiento de los patinetes eléctricos sea lo más homogéneo posible entre los ayuntamientos, y que se pueda garantizar el derecho de los ciudadanos de circular con seguridad.